Revista Rua

"La mayoría del público no es empleado público": asueto de carnaval en Bs As y medios
"The majority of the public is not a civil servant": carnival leisure in Bs As and media

Patricia Bouzas

·         resolución del 31/1/ 1942 P104 en la que se aprueba el edicto policial sobre fiestas carnestolendas de 1942, Bol. Of., 5/2/1942, entre otras);
·         lo organizativo (permisos de cortes de calles, horarios autorizados para realizar corsos, que pueden verse en, por ejemplo, el decreto 901/973 BM 14486)
·         y también reglamentaciones alrededor de cómo mejorar la celebración (Decreto municipal nro 2748 del 8/2/1952, “Festejos organizados por la intendencia municipal para el carnaval 1952”).
 
Desde el año 1956 (por Decreto 2446 del Poder Ejecutivo) fueron declarados feriados lunes y martes de carnaval para todo el territorio de la Nación. Los feriados se mantuvieron hasta 1976, año en que la dictadura militar dio un paso adelante en el control de la fiesta (control que se evidenció en la censura explícita a algunas canciones de las murgas y también en detención de murgueros, aspecto sobre el que no nos detendremos en este trabajo), y sobre todo dio un paso, esta vez categórico, en el borrado del asueto del calendario por Ley 21320 BO 14/6/1976 (aspecto que privilegiaremos). El carnaval siguió en marcha (Vainer, 2005), a pesar del clima de violencia general que se vivía en la sociedad, pero el hecho de sacarlo del calendario supuso una merma decisiva en las posibilidades de llevarlo adelante bajo cierta legitimidad. Los efectos de tal decisión se proyectaron de manera ejemplar sobre el espacio público urbano en tanto el carnaval pasó a ser considerado, en el imaginario social, como un festejo que, de algún modo, rozaba la clandestinidad. A esto hay que sumarle la sensación de infracción permanente que la dictadura logró instalar con eficacia en la mayoría de las actividades de la índole más diversa.
Con la llegada de la democracia, varios fueron los intentos de restaurar ese feriado perdido. Las agrupaciones de carnaval de la ciudad (Vainer, 2005) jugaron un papel clave en este proceso y fueron definitivamente las que iniciaron el camino hacia la recuperación. Así, en un entramado legal complejo, y como consecuencia de la Primera Marcha Carnavalera de 1997, las actividades artísticas de tales agrupaciones fueron reconocidas (por Ordenanza 52039 del 2 de octubre de 1997) como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Esto supuso que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía asegurarles lugares de ensayo (en predios municipales, centros culturales, teatros, plazas o gestionarlos con organizaciones intermedias), que tomaba a su cargo la organización de los corsos porteños y que para tales fines se creaba una